martes, 15 de noviembre de 2011

Informe sobre niños palestinos menores de 18 años presos en cárceles israelíes


Una de las numerosas incógnitas del pacto entre Hamás-Netanyahu recayó en los niños. Al igual que sucedió con las mujeres, el trato afirmaba que todos los menores serían liberados a pesar de que no se especificaba si serían menores de dieciséis o dieciocho años. La problemática del acuerdo se extiende en todas sus vertientes a que no existe un documento oficial en el que queden definidos los tratados e Israel, por su parte, no se ha comprometido en ningún momento a fijar una fecha concreta para liberarlos.

De los 477 liberados el pasado mes, el más joven de la lista es una mujer llamada Kraja Samud nacida en 1988. Kraja tiene veintitrés años y fue arrestada el veinticinco de octubre de 2009 acusada de apuñalar a un militar con una lima de uñas mientras se defendía de éste en Qalandya. Hecho que la sentenció a veinte años de cárcel por intento de asesinato.

Según el último informe publicado por Addameer, hay aproximadamente 176 niños encarcelados, de los cuales treinta y uno son menores de dieciséis años. A pesar de que la ONU dictaminó en la Convención de los Derechos de los Niños que cualquier persona menor de 18 años ha de ser  considerada como un niño, los menores palestinos son tratados como adultos por la regulación militar israelí a la edad de 16 años. Incluso, ha habido casos en los que menores de entre 12 y 14 años han sido condenados por la corte militar.
Los menores palestinos sufren violaciones de sus derechos en todos los apartados que establecen el proceso contra ellos. Desde el primer momento por cómo se les detiene, pasando por el interrogatorio y la detención hasta llegar finalmente a una sentencia y su posterior liberación. Los niños son sacados de sus casas a altas horas de la madrugada o detenidos mientras regresan de la escuela y no se les permite a los padres o a ningún familiar acompañarlos. Durante el interrogatorio en el que tampoco está presente alguno de sus familiares más cercanos, los niños son torturados a través del uso de la violencia física y verbal. Según el informe “No Minor Matter” realizado por B'tselem, organización israelí en pro de la defensa de los derechos humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, señala que los niños interrogados reciben violentas bofetadas, patadas, golpes y presiones en diversas partes de su cuerpo durante dichas sesiones.
Uno de los casos más recientes se localiza en Silwan, un barrio de Jerusalén este donde la tensión entre colonos y palestinos es palpable. Al menos 81 menores de la zona han sido arrestados entre noviembre de 2009 y octubre de 2010 sospechosos de lanzar piedras. Los niños, que en su mayoría no alcanzaban la edad mínima para ser acusados por la vía penal, fueron arrestados en mitad de la noche, interrogados sin la presencia de alguno de sus familiares directos y tratados de forma muy violenta.

Conforme la ley israelí solo los profesionales capacitados para interrogar a jóvenes pueden interrogar a menores. Uno de los padres debe estar siempre presente y dicha sesiones no se pueden llevar a cabo desde las ocho de la tarde hasta las siete de la mañana en el caso de niños de entre 12 y 13 años ni desde las diez de la noche hasta las siete de la mañana si son jóvenes de entre 14 y 17 años. Desafortunadamente, la legislación militar no contempla ninguna disposición referente a estos asuntos y actúa con total impunidad.
La misma legislación permite al juez imponer una pena máxima de prisión de seis meses a los menores de 12 y 13, y hasta un año en los menores de 14 y 15, excepto por delitos cuya pena es mayor a cinco años de prisión. La pena máxima se determina en función de la edad del delincuente en el momento de la sentencia, pero la edad del delincuente en el momento de cometer el delito debe ser tenida en cuenta en la sentencia también.
No existe un lugar específico para ellos en donde cumplir su condena y pueden llegar a compartir celda con otros veinte prisioneros mayores de edad. Además de contar con una alimentación muy pobre durante su estancia entre rejas. Los niños entrevistados por B'tselem describen con las palabras asco y aburrimiento su vida en prisión. 
Tal y como sucede con el resto de presos palestinos, los menores tienen prohibido usar el teléfono, no tienen acceso a casi ningún tipo de educación y su único contacto con el exterior son las visitas familiares. Igual de escasas que en el caso de los prisioneros adultos.

Informe sobre mujeres prisioneras palestinas

Son madres, hermanas, hijas o esposas de la ocupación y aunque sean minoría en las cárceles israelíes están llenas de fuerza para decirle al mundo que son capaces de luchar por sus derechos y la libertad de su pueblo con la misma intensidad que sus padres, hermanos, hijos o esposos.

La primera duda del pacto entre Hamas-Netanyahu salió pronto a la luz. A pesar de que el  acuerdo contemplaba la liberación de todas las presas políticas, sin excepción, y  los medios se hacían eco de la noticia mientras encabezan titulares con género femenino la realidad es muy distinta. Nueve reclusas se quedaron fuera de la lista y todavía continúan en prisión semanas después de la liberación de la primera tanda de prisioneros.  

Cinco de ellas, Muna Qa’dan, Bushra al-Taweel, Haniya Naser, Fida Abu Sanina and Rania Abu Sabeh, detenidas entre junio y septiembre del presente año permanecían en el periodo de interrogatorio -Según la regulación militar israelí dicho periodo puede durar hasta 180 días sin haber presentado cargos en contra del acusado- durante la liberación de los 477 presos palestinos el pasado 18 de Octubre.

De las cuatro prisioneras restantes, Lina Jarbuni posee la sentencia más extensa. Fue arrestada en abril de 2002 y cumple diecisiete años de cárcel acusada de ayudar a una célula de Hamás en Jenin. Le sigue Wurud Qassem condenada a seis años por apoyar a la resistencia a través del transporte de material explosivo desde Cisjordania hasta Ra´nana. Y cierran la lista de prisioneras no liberadas  Khadija Habash y Suad an-Nazzal con condenas de tres y dos años respectivamente.

A pesar de que durante la Declaración de Viena sobre Crimen y Justicia en el año 2000 se aceptó por unanimidad que las mujeres prisioneras necesitaban especial atención por parte de las Naciones Unidas, entidades gubernamentales y profesionales de diversa índole; las prisioneras palestinas sufren en las cárceles israelís abusos, humillaciones y continuas violaciones de los derechos humanos.

Existen dos cárceles para mujeres en Israel: La prisión de Hasharon y la de Damon, ambas se transformaron en cárceles en 1953. La primera se encuentra en Tel Aviv y dispone las secciones 11 y 12 para las mujeres, el área 13 está reservada para las prisioneras aisladas. En junio de 2008 todas las reclusas de la zona 11 fueron trasladadas a Damon.  Damon es una antigua fábrica de tabaco junto con un establo situada al norte de Israel, cerca de las inmediaciones de Haifa. Debido a su uso inicial, las instalaciones fueron diseñadas específicamente para mantener la humedad y nunca para dar cabida a seres humanos. 

En ellas se comenten repetidas violaciones contra los derechos básicos de las prisioneras palestinas. Una de las más destacables y denunciadas en innumerables ocasiones por Addameer -organización palestina que defiende los derechos de los prisioneros- es la falta de atención médica. Sus informes trimestrales y las numerosas entrevistas realizadas con prisioneras destacan que en ninguna de las dos cárceles existe atención médica las veinticuatro horas del día. El doctor -que en ningún caso habla árabe- termina su turno a las cuatro de la tarde y sólo se queda la enfermera para recetar pastillas contra el dolor. Si las reclusas necesitan un especialista, necesitan un permiso oficial por parte del médico que sólo llega cuando la enfermedad ha alcanzado límites muy graves. Si esto sucede, las mujeres reciben el tratamiento en el hospital atadas de pies y manos por lo que muchas de ellas después de dicha experiencia declinan una posterior atención médica.

Las revisiones ginecológicas son escasas y en la mayoría de los casos nulas,  llevadas a cabo por un especialista varón, a pesar de que las visitas al ginecólogo y la elección del género del médico durante la estancia en prisión son un derecho y una norma en Israel. La situación se complica si las reclusas están embarazadas debido a que no reciben una atención especial y en su totalidad sufren de desnutrición, lo que acarrea graves problemas para el feto. Al igual que sucede con las prisioneras que necesitan atención hospitalaria, las reclusas palestinas que están a punto de dar a luz son llevadas al hospital encadenadas de pies y manos y una vez que finaliza el parto inmediatamente se las vuelve a encadenar violando así, una vez más, sus derechos.

Además de una atención médica deficitaria, las reclusas viven aisladas. Las visitas de sus familiares son el único enlace que las mantiene unidas al mundo exterior y en la mayoría de los casos dichos encuentros son contados o incluso eliminados totalmente. A pesar de que la ONU refleja dentro del apartado de Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Prisioneros en el artículo 17 que a los prisioneros se les ha de permitir, bajo supervisión, comunicarse con sus familiares y amigos más cercanos a través de correspondencia y visitas regulares.

Los familiares de las prisioneras palestinas no pueden visitarlas libremente, y necesitan un permiso específico por parte de la autoridad penitenciaria que casi nunca se consigue y es prácticamente imposible para hombres en edades comprendidas entre los dieciséis y cuarenta y cinco años. A su vez, cualquier palestino que haya sido arrestado por Israel tiene terminantemente prohibido visitar a algún familiar en la cárcel. Si tenemos en cuenta que desde 1967 se han arrestado a 700.000 palestinos la cifra nos muestra que al menos el treinta por ciento de la familia de una reclusa tiene prohibidas las visitas.  

Si el encuentro tiene lugar, todo sucede en un entorno traumático y violento para ambas partes. Las visitas también son tratadas como criminales. Se les grita, se les hace una inspección exhaustiva de sus pertenencias y se les obliga a esperar durante varias horas fuera de la prisión -sin contar el viaje que han realizado desde su lugar natal en el Territorio Ocupado Palestino hasta la cárcel que suele estimarse en unas catorce o diecisiete horas de trayecto-. El contacto físico solo está permitido entre madres e hijos menores de seis años. En el resto de los casos, los encuentros que no duran más de cuarenta y cinco minutos son a través de un cristal y un teléfono estropeado, por el cual ambos interlocutores han de gritarse para poder oírse.

La educación también es utilizada como un arma de castigo dentro de las prisiones. Según dicta la UNESCO, todos los prisioneros tienen derecho a formar parte de actividades culturales y a recibir una educación con el fin de desarrollar su intelecto. Las administraciones de ambas prisiones obvian dicho artículo y limitan el acceso en este ámbito. La educación universitaria es un privilegio y está sujeta a criterios tan variados como una buena conducta por parte de la reclusa, que ésta posea el dinero suficiente para pagar las tasas de la universidad, que la elección de la carrera y las asignaturas estén dentro de las enseñanzas permitidas por las autoridades penitenciarias israelíes-carreras como medicina, física o química están terminantemente prohibidas- y que el nivel de hebreo sea lo suficiente bueno debido ya que el único tipo de enseñanza universitaria permitido se realiza a través de la correspondencia en hebreo con la Universidad Abierta de Israel. Además, la penitenciaría se reserva el derecho a cancelar y revocar dicho derecho de estudio en cualquier momento basándose en razones de seguridad.

La prensa y la televisión están también controladas. Los televisores que hay en las prisiones han sido cedidos por alguna organización no gubernamental o por familiares de las prisioneras. A pesar de esto, los funcionarios de la prisión eligen la programación y el resultado se traduce en cadenas israelís en hebreo o ruso, a pesar de que existen cinco canales satélites en árabe. Lo mismo sucede con la prensa, se reparten diariamente dos diarios en hebreo, Maariv y Yediot Aharonot, y sólo una vez por semana las presas pueden leer la prensa árabe gracias al reparto de Al-Quds. 


La situación de las cárceles israelís es insostenible y el trato dado a las reclusas palestinas es inaceptable. La falta de atención sanitaria, educación y contacto con sus familiares no solo convierte a la penitenciaría en un lugar hostil donde no sólo se violan los derechos humanos constantemente durante la condena de las prisioneras, sino que también se dificulta enormemente la posibilidad de reinserción social de dichas mujeres.

martes, 8 de noviembre de 2011

El ejército israelí hiere a nueve niños durante una protesta pacífica en Hebrón

Durante los últimos siete años, las profesoras que imparten clase en la escuela Qurtuba de Hebrón han estado autorizadas para eludir el paso por los detectores de metales del Checkpoint 56, gracias a un acuerdo entre el ministerio de Educación palestino y el ejército israelí. Esto significaba que las maestras podían acceder a la escuela sin demasiados obstáculos y de forma puntual, garantizándose así el derecho de los niños a recibir una educación de calidad.


La escuela se alza sobre una colina en pleno centro de Hebrón, rodeada por los asentamientos de Hadassah Beit, Tel Rumeida y Admot Yishai, los cuales a su vez están constituidos por varios edificios y un puñado de viviendas de familias colonas. Frente a la puerta de entrada del colegio diversos graffitis enuncian lemas tan sutiles como “Gasea a los árabes”.


Sin motivo aparente, el día 11 de octubre el ejército israelí anunció que la permisión que consentía a las profesoras cruzar el Checkpoint sin controles era suspendida de forma inmediata y que, desde ese momento, éstas estaban obligadas a pasar por el detector de metales y presentar sus bolsos a inspección a diario, poniendo en riesgo la llegada en hora a su cita con los alumnos. “Antes usábamos una puerta diferente, que agilizaba bastante el proceso, pero ahora nos obligan a utilizar el detector. Todos nos negamos a hacerlo porque según nuestro acuerdo no podían forzarnos”, señala Ibtisam Al Jundi, directora del colegio.


Al mismo tiempo, la nueva orden del ejército anunciaba que, tanto mujeres embarazadas como personas con problemas cardiacos u otro tipo de complicaciones médicas, tendrían que pasar por los detectores de metales (algo de lo que antes estaban exentos) poniendo así en riesgo su salud de forma rutinaria.
Al Jundi ocupa el cargo de directora desde hace solo dos meses; un periodo corto que, sin embargo, ya le ha servido para apercibir las agresiones y provocaciones que tienen que sufrir los niños cada día para llegar a clase. “Los problemas son diarios. Cuando los colonos ven a los niños por la calle tratan de atacarlos. Les arrojan botellas, piedras… A veces incluso basura. Y lo peor es que estas cosas pasan delante del ejército, que protege los asentamientos”, explica la directora.


La ruptura de forma unilateral del acuerdo fue el detonante que desató una protesta en la que, las profesoras no solo se negaban a someterse a inspección diariamente, sino que además se decidían a manifestarse contra la nueva decisión del ejército, congregándose de esta forma en el lado palestino del Checkpoint. A las nueve de la mañana del mismo día en el que se conocieron estas novedades, los estudiantes de Qurtuba, todos ellos niños y niñas entre 6 y 13 años, se dirigieron hacia el puesto de control portando pancartas y coreando eslóganes que protestaban contra la privación de educación a la que se veían sometidos.


La sentada se mantuvo durante los siguientes días y evolucionó en unas clases improvisadas que las profesoras impartían a sus alumnos a las puertas del Checkpoint en forma de reivindicación pacífica. Las lecciones solo se veían interrumpidas cada cierto tiempo para corear algunas consignas como “Queremos nuestro derecho a la educación”, que decenas de niños cantaban hasta desgañitarse. En el cuarto día de las protestas, soldados del ejército israelí no vacilaron a la hora de disparar granadas de gas lacrimógeno y proyectar “The Scream” contra el grupo de jóvenes estudiantes y profesoras que se encontraban allí reunidos ante la mirada de Mohammed Abutherei, director de Educación de Hebrón, que acudía en representación de la oficina del gobierno, y decenas de periodistas y fotógrafos locales e internacionales. “¿Por qué hacen esto a nuestro estudiantes? Dios quiera que el ejército los vuelva a dejar pasar con normalidad”, se quejaba el director de Educación.


Badia Dwaik, director de la organización “Youth Against Settlements” (“Juventud contra los Asentamientos”) explicaba que la actuación del ejército fue “bárbara y violenta”, más teniendo en cuenta que se trataba de niños que no superaban los trece años de edad y que se manifestaban de forma totalmente pacífica.
“Nueve niños fueron mandados al hospital con heridas. Los soldados los empujaron contra muros de piedra, los pegaban patadas y los golpeaban con las culatas de los rifles. Todo ello para echarles del puesto de control”, narra Dwaik.


Durante los días que duró la protesta, Ibtisam explica que recibió amenazas por parte de Anat Cohen, la jefe de los asentamientos. “Me repitió en varias ocasiones que ocuparían la escuela si ésta seguía vacía. Todo porque los niños estaban con nosotros clamando por sus derechos y expresando su opinión”, continúa la directora.


A pesar de todas las protestas llevadas a cabo, el problema sigue sin resolverse. El Ejército israelí parece estar llevando a cabo una estrategia de desgaste que pasa por dificultar la vida diaria a alumnos y profesoras. Forzándolos de esta forma a quejarse, el ejército tiene la excusa perfecta para imponer medidas más restrictivas e incrementar la violencia contra ellos. Al Jundi explica que “al final tuvimos que cambiar la ruta que hacíamos para que los niños pudiesen seguir yendo a clase.” “Estamos esperando ahora al resultado de las negociaciones entre Israel y la Oficina de Coordinación del Distrito palestina”, apunta con tono desolado.
“Continuaremos con la resistencia”, añade fervientemente Dwaik. “No es normal que nuestro problema siga sin resolverse y simplemente se ignore”, apuntilla para finalizar.


Al Jundi, mucho más dulce y optimista concluye: “Espero que este problema se solucione en un futuro cercano y que nuestros niños puedan llegar hasta el colegio en paz y sin ser molestados.”