“Buscamos una victoria oral dentro de la conciencia de la gente’’

Palestinos, activistas israelíes e internacionales se reunen cada viernes desde octubre de 2006 en un pueblecito situado al sur de Betlehem llamado Al-Massara, para reclamar la caida del Muro que los

separa no solo de Jerusalén, sino también de sus tierras.

La manifestación no violenta comienza a las doce de la mañana en el centro cultural de la aldea y los manifestantes congregados oscilan entre cincuenta y trescientas personas dependiendo de la epoca del año.

La escena se repite cada semana de la misma manera: El grupo entero comienza su marcha mientras repite cánticos que exhortan la caída del muro: “El muro tiene que caer: como en Berlín también en Al-Massara’’. Hasta que los manifestantes –desarmados- se encuentran cara a cara con los soldados y estos empiezan a lanzar granadas de sonido y gas lacrimógeno. Deshaciendo así de forma violenta la manifestación pacífica y provocando numerosas lesiones a los congregados.

Hasta la fecha no ha habido ninguna muerte que lamentar como sí ha sucedido en otras localidades palestinas donde también se celebran marchas pacificas. La última tubo lugar en Nabi Saleh el viernes pasado y Mustafa Tamimi de 28 años murió por el disparo directo de un soldado. A pesar de no contar con ninguna víctima mortal, la gran mayoría de los habitantes del pueblo sufren lesiones auditivas debido a las granadas de sonido y, el impacto de las granadas lacrimógenas sobre su cuerpo les ha causado heridas considerables.

Mahmoud Zwahra, alcalde de la localidad y presidente del Comité Popular de Al-Massara, nos cuenta como empezo todo : “En cuanto empezamos a ver la construcción del Muro nos pusimos en contacto con otros pueblos que tienen experiencia en manifestaciones pacíficas como es el caso de Nabi Saleh o Bi’lin y también entramos a formar parte del movimiento de Comites Populares con la idea de luchar contra esta ocupación de forma no violenta y unidos’’ y añade: “Mantenemos nuestra idea de no violencia e intentamos llegar a todas las sociedades tanto dentro de Palestina como fuera. No tenemos ideales políticos porque no se trata de eso, se trata de gente que vive bajo una ocupación y quiere vivir fuera de ésta y en paz”.

Los habitantes de Al-Massara llevan casi seis años luchando pacíficamente contra demoliciones, desalojos, confiscación de acuíferos y destrucción de campos de cultivo de forma sistemática.

Casi el 90% de las casas se encuentran bajo una orden de demolición dictada por las autoridades israelís y durante los últimos tres años, el asentamiento Gush Etzion se ha ido expandiendo y ahora ocupa más 700 hectáreas -de propiedad palestina- y está habitado por 10.000 personas.

Hasta la construcción del muro, Al-Massara contaba con 1000 hectáreas. A día de hoy 350 hectáreas han sido aisladas tras una enorme pared de cemento gris situada a 12 kilómetros de la conocida línea verde -demarcación establecida en el armisticio entre palestinos e israelís en 1949- y los campesinos no tienen permiso para acceder a sus tierras de cultivo; A pesar de que la Corte Internacional de Justicia dictaminó en 2004 que el muro era ilegal y que el propio acuerdo de 1949 establecía que dicha línea verde “no debe ser considerada de ningún modo como una frontera política o territorial”.

La situacion de Al-Massara es crítica y el pueblo intenta resistir de diversas maneras. Además de la manifestación semanal, también se desarrollan dentro del pueblo diversas actividades en pro de la resistencia pacífica como la plantación constante de nuevos olivos o la recogida de la aceituna entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre.

Zwahra se muestra orgulloso ante los pasos logrados durante todos estos años de resistencia: “Cada vez encontramos más gente dispuesta a resistir y a participar. No buscamos una victoria física a través de la destrucción del muro, buscamos una victoria oral dentro de la conciencia de la gente’’.

Los residentes de este pueblo situado al sur de Betlehem también tienen que enfrentarse, al igual q sucede en las localidades de Nabi Saleh, Bil’in o Al Walaja, al asalto y humillación constante y sistematicó de los soldados israelíes.

Según nos cuenta Mahmoud Zwahra, “Los soldados nos conocen perfectamente y nosotros los conocemos a ellos también. Entran en nuestras casas, nos arrestan, tenemos que pagar grandes cantidades de dinero para ser liberados, hacen fotos a nuestros hijos pequeños para tenerlos controlados, nos llaman por teléfono amenazandonos de muerte a nosotros y a nuestra familia…’’

Terminaba así Zwahra la entrevista concedida para la AIC: “Esta gente: los soldados, los colonos y los que viven en eso que llaman Israel están ciegos y viven en una cueva. Nunca serán capaces de ocupar nuestra mente y nunca sabrán qué significa la libertad y la vida palestina”.

A pesar de todas estas violaciones de los derechos humanos que se comenten en el pueblo y el alto nivel de violencia y amenazas que existe, el próximo viernes los habitantes de Al-Massara junto con activistas israelíes e internacionales volverán a manifestarse como cada semana y lo seguirán haciendo hasta que la ocupación y el muro desaparezcan.

Hombre herido de gravedad en Nabi Saleh

La manifestación que cada viernes tiene lugar en Nabi Saleh se ha visto oscurecida hoy debido a que un lugareño fue alzanzado por una bala de gas provocándole serias lesiones en la cabeza.

Los servicios sanitarios actuaron con rapidez pero los soldados israelís no dejaron salir a la ambulancia del pueblo para que el herido fuera atendido en el hospital.

Mustafa Tamimi de 27 años está siendo tratado en Nabi Saleh; Su estado es crítico.

  

“Las reformas en la Ley Jordana llevadas a cabo por Mahmud Abbas son buenas, pero no suficientes”

A pesar de que no hay un número oficial, cada año en Palestina una decena de mujeres son asesinadas por sus familias. Después de que la noticia sobre una joven muerta en manos de su tío en Hebrón apareciese en todos los medios de comunicación a principios de este año; El presidente Mahmud Abbas firmó una enmienda dentro de la propia ley palestina para castigar con mayor severidad a los culpables de asesinato en defensa de salvaguardar el honor de la familia.

Los crímenes de honor se respaldan en la antigua Ley Familiar Jordana. Según ésta, “si un varón descubre a su esposa o a una de sus familiares cometiendo adulterio y la mata o hiere, queda exento de culpa”. A su vez, según el mismo código, “el que comete un crimen de desenfreno de ira por haber cometido la víctima un acto incorrecto, peligroso o impuro gozará de una reducción de la pena”.

Por otro lado, si el asesinato cambia de género y se repiten las mismas circunstancias de adulterio, la mujer no gozará de ninguna benevolencia y no se aplicará ninguna reducción de su condena.

Las revisiones realizadas por el presidente de Palestina consistieron en eliminar los apartados uno y dos del artículo 340 y parte del artículo 18 del Pina Code en Gaza. La primera enmienda abarcaba la zona de Cisjordania y la segunda revisaba la ley británica que impera en Gaza desde 1936. Halimeh Abu Solb, abogada experta en los llamados crímenes de honor y los casos de violencia doméstica, analiza la situación: “Las reformas en la Ley Jordana llevadas a cabo por Mahmud Abbas son buenas, pero no suficientes porque todavía existen otros artículos relacionados con los crímenes de honor y el asesinato de mujeres o su discriminación como por ejemplo: el artículo 62 o el 68. Por lo que el problema no está solucionado”.

El artículo 62 habla del derecho a la custodia de los hijos. Según esta ley, la custodia pertenece única y exclusivamente al varón. Al mismo tiempo, el artículo 98 permite la reducción de las penas de seis meses hasta dos años en prisión si la víctima indujo a que el perpetrador cometiese el crimen debido a su conducta ilícita e inapropiada.

Las mujeres son asesinadas por estar bajo sospecha o porque existen rumores en el pueblo de que su conducta es impura y va en contra de la tradición, los valores y las normas de la sociedad por lo que ha perjudicado gravemente el honor de su familia y éste solo puede ser limpiado con sangre. Existen casos documentados en los que las mujeres han sido asesinadas por sus familias acusadas de adulterio, intento de divorcio, abandono de hogar familiar o conyugal, petición de la custodia de los hijos, desacuerdo en la elección de marido o por haber sido víctimas de violaciones.

La organización no gubernamental palestina Women´s Center for Legal Aid and Counselling publicó a principios de este año un dossier con todos los casos documentados y denominados como crímenes de honor desde 2007 hasta 20010. En total ha habido treinta y un casos de asesinato durante dicho periodo.

Hanna Abu Ghash, coordinadora del estudio “Mujeres sin Nombres. Análisis sobre los asesinatos de mujeres en el nombre del honor en la sociedad palestina 2007-2010” añade: “No podemos decir que la cifra aumente o disminuya porque no se documentan todos los casos. Los crímenes de honor son un tabú, pero no por ello dejan de morir mujeres cada año”.

Dentro de este estudio nos encontramos casos de mujeres brutalmente asesinadas por sus maridos, padres, hermanos o tíos. La mayoría de estas mujeres fueron acusadas de haber tenido relaciones sexuales con extraños a pesar de que la autopsia y las posteriores investigaciones demostraron que las víctimas no habían cometidos dichos actos.

Además de la muerte de la víctima, el crimen acarrea una serie de consecuencias para la familia muy difíciles de superar. Por un lado, la economía se ve notablemente afectada debido a que en varios casos la víctima era la única que mantenía el hogar. Por otro, la huella psicológica que deja la muerte en los niños es imborrable. En un momento pierden a su madre y a su padre, ya que éste es encarcelado. Si el asesinato se comete en presencia de los niños, el shock para ellos es más profundo. Existen casos en los que además, el hijo es víctima de burlas en el colegio por haber perdido a su madre en dichas condiciones.

Halimeh Abu Solb, nos cuenta cómo trabaja WCLAC para erradicar todos los signos de violencia en contra de las mujeres. “Trabajamos en diferentes puntos: ofrecemos atención primaria a todas las mujeres que se encuentren en peligro y a sus familias, realizamos cursos con abogados y jueces, eventos internacionales, publicamos análisis periódicos analizando la situación y trabajamos codo con codo con el Ministerio de Justicia”.

A su vez, Hanna Abu Ghash nos explica la importancia que tiene el departamento de policía a la hora de luchar contra los crímenes de honor y la violencia doméstica. “Colaboremos constantemente con la policía y tenemos muy buena relación. La consideramos un organismo fundamental y nos ayudamos mutuamente en nuestro trabajo”.

De forma contraria a lo que la sociedad internacional cree, los llamados crímenes de honor no están respaldados por el Islam. Dentro del Corán no se encuentra la muerte para casos de adulterio, si no que se habla de latigazos y encierros. El propio Corán prohibe severamente matar a nadie, a excepción de que tras un juicio justo y con la participación de cuatro testigos las autoridades lleguen a ese veredicto.

Según Hanna, “el problema es eminentemente cultural. La discriminación entre hombres y mujeres aparece desde muy pequeños. A su vez, la sociedad cree que el honor de una mujer pertenece al hombre y el deber de defenderla es similar al de defender cualquier otra propiedad que esté bajo su protección”.

Las presiones gubernamentales de Netanyahu amenazan la estabilidad de ONGs y medios de comunicación

Hace apenas dos semanas, Mossi Raz, codirector de la radio “All for Peace” fue convocado por la policía durante tres horas, acusado de dirigir una radio ilegal. Raz cuenta en un entrevista concedida a la PdR lo sucedido, “Aseguraban que tenemos un transmisor en los territorios ocupados, lo que no es cierto”. Las autoridades israelís se respaldan en que existe una compañía llamada Jerusalem Times que transmite desde la capital palestina el contenido de la emisora. Mossi continúa, “ Su dueño es palestino y él consiguió un permiso de la Autoridad Palestina para transmitir. Consiguió una frecuencia, paga los honorarios por ella y transmiten desde Ramala lo que hacemos aquí. Nosotros tenemos el estudio y transmitimos a través de internet. Ellos lo cogen de internet y lo difunden por todos lados”.

A su vez, tanto la sede de la organización Paz Ahora como el domicilio de uno de sus dirigentes, Hagit Ofran, han sufrido en las últimas semanas actos vandálicos por parte de la extrema derecha israelí. Lior Amihai, trabajador de la entidad sin ánimo de lucro nos relata los hechos: “Hemos sufrido ataques muy ofensivos en las últimas semanas: Un graffiti en la puerta principal de la oficina, tuvimos que evacuar el edificio donde se encuentra nuestra sede a causa de una amenaza de bomba, nuestro director, Yariv Oppenheimer, recibe constantes amenazas telefónicas y en dos ocasiones, la casa privada de nuestro Jefe de Equipo, Hagit Ofran, ha sido asaltada con pintadas en las que se clama por su muerte”.

En el domicilio de Ofran se podían leer graffitis que decían: “Rain te está esperando”, “Givat Assef venganza” “Saludos desde Maoz Etzion”. El primero hace referencia al asesinato deYitzhak Rabin perpetrado por un militante de extrema derecha y los otros dos hacen alusión a zonas devastadas recientemente. Las oficinas de la organización también fueron atacadas con pintadas de la estrella de David y amenazas de bomba inclusive.

Amihai prosigue: “ No sabemos quién es el responsable directo de los ataques y la policía solo nos ha informado de que están siguiendo a fondo el caso”. A pesar de ello, la organización confirma no temer los numerosos actos vandálicos que están sufierndo, “El miedo es muy personal y estoy seguro de que los niveles de miedo varían de persona a persona. Sin embargo, seguimos con nuestro trabajo y no dejamos que el miedo nos interrumpa. Por supuesto, hemos elevado nuestras precauciones y estamos actuando con mayor precaución, pero ninguna de nuestras actividades han cambiado debido a los ataques”.

Ambos acontecimientos vienen de la mano del intento de aprobación el pasado 13 de noviembre en el Comité Ministerial de la Legislación israelí de dos proyectos de ley en las que se limita la capacidad de recaudación de fondos de las ONG´s.

Las reformas, que permanecen congeladas por el momento, pretenden prohibir a todas las organizaciones sin fines de lucro recibir más de 20.000 NIS por parte de gobiernos u organismos internacionales por un lado, y obligarles a pagar un impuesto del 45 por ciento de todos los ingresos procedentes de capital extranjero por otro. Según publica el diario israelí Haaretz, el embajador de la Unión Europea en Israel, Andrew Standley, se puso en contacto con Yaakov Amidror, asesor de seguridad nacional del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para advertirle que la aprobación de dicha legislación perjudicaría la visión que tiene Occidente de Israel como un país democrático.

Amihai denuncia la situación: “El ambiente político en Israel es muy tenso. Estamos asistiendo a una propagación de la legislación radical de la derecha dirigido a perjudicar a las instituciones democráticas y en contra de organizaciones de izquierda que se ocupan de cuestiones tan importantes como los derechos humanos y la lucha contra la ocupación”.

En España las críticas por parte de diversas ong´s también se han hecho notar. Xabier Aguirregabiria representante de la organización no gubernamental sin ánimo de lucro, SodePaz, expresa su malestar: “Condenamos enérgicamente el nuevo intento por parte del gobierno sionista de limitar la libertad de actuación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por los DDHH y en pro de una justicia social” y añadía, “Es un atropello más a la libertad de expresión y de actuación de este gobierno sionista de extrema derecha”.

Dichas propuestas de ley se añaden al malestar general que ha provocado la presiones impuestas a la libertad de expresión y de prensa mediante la Ley anti-boicot aprobada a principios de julio de 2011. Según ésta, cualquier acto de petición de boicot de índole tanto económica como cultural o académica contra la idiosincrasia israelí tanto en Israel como en los Territorios Ocupados Palestinos se considerará un delito grave.

Lior Amihai analiza el panorama actual: “Esto podría explicarse en el hecho de que la derecha básicamente controla el Parlamento. Lo que explica también tanto la gran cantidad de legislación que se está levantando, como el por qué de que las organizaciones de izquierda se encuentren en el punto de mira”.

Aguirregabiria denuncia por su parte: “Esto es una muestra más de que el gobierno israelí no quiere que se conozcan ni se mejoren las condiciones infrahumanas a las que somete a la población palestina en toda la región”.

Mossi Raz se muestra tajante ante la situación de control que rige en el país y al cierre de su emisora como consecuencia directa: “No nos están atacando a nosotros solamente. Atacaron y despidieron a algunos periodistas en el Canal 1 de televisión; atacaron al Canal 10 al detener el dinero”.

Ante este panorama político, la izquierda israelí se encuentra cada vez más mermada y los medios de comunicación del país guardan silencio ante hechos tan noticiosos como el cierre de una emisora de cobertura nacional. Nos encontramos con un panorama desde principios de verano en el que casi nadie habla por miedo a las represalias. El gobierno de Netanyahu consigue ahogar y amordazar así a toda la prensa a través de una ley aprobada al límite por 47 votos a favor y 36 en contra.

Informe sobre niños palestinos menores de 18 años presos en cárceles israelíes

Una de las numerosas incógnitas del pacto entre Hamás-Netanyahu recayó en los niños. Al igual que sucedió con las mujeres, el trato afirmaba que todos los menores serían liberados a pesar de que no se especificaba si serían menores de dieciséis o dieciocho años. La problemática del acuerdo se extiende en todas sus vertientes a que no existe un documento oficial en el que queden definidos los tratados e Israel, por su parte, no se ha comprometido en ningún momento a fijar una fecha concreta para liberarlos.

De los 477 liberados el pasado mes, el más joven de la lista es una mujer llamada Kraja Samud nacida en 1988. Kraja tiene veintitrés años y fue arrestada el veinticinco de octubre de 2009 acusada de apuñalar a un militar con una lima de uñas mientras se defendía de éste en Qalandya. Hecho que la sentenció a veinte años de cárcel por intento de asesinato.

Según el último informe publicado por Addameer, hay aproximadamente 176 niños encarcelados, de los cuales treinta y uno son menores de dieciséis años. A pesar de que la ONU dictaminó en la Convención de los Derechos de los Niños que cualquier persona menor de 18 años ha de ser  considerada como un niño, los menores palestinos son tratados como adultos por la regulación militar israelí a la edad de 16 años. Incluso, ha habido casos en los que menores de entre 12 y 14 años han sido condenados por la corte militar.

Los menores palestinos sufren violaciones de sus derechos en todos los apartados que establecen el proceso contra ellos. Desde el primer momento por cómo se les detiene, pasando por el interrogatorio y la detención hasta llegar finalmente a una sentencia y su posterior liberación. Los niños son sacados de sus casas a altas horas de la madrugada o detenidos mientras regresan de la escuela y no se les permite a los padres o a ningún familiar acompañarlos. Durante el interrogatorio en el que tampoco está presente alguno de sus familiares más cercanos, los niños son torturados a través del uso de la violencia física y verbal. Según el informe “No Minor Matter” realizado por B'tselem, organización israelí en pro de la defensa de los derechos humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, señala que los niños interrogados reciben violentas bofetadas, patadas, golpes y presiones en diversas partes de su cuerpo durante dichas sesiones.

Uno de los casos más recientes se localiza en Silwan, un barrio de Jerusalén este donde la tensión entre colonos y palestinos es palpable. Al menos 81 menores de la zona han sido arrestados entre noviembre de 2009 y octubre de 2010 sospechosos de lanzar piedras. Los niños, que en su mayoría no alcanzaban la edad mínima para ser acusados por la vía penal, fueron arrestados en mitad de la noche, interrogados sin la presencia de alguno de sus familiares directos y tratados de forma muy violenta.

Conforme la ley israelí solo los profesionales capacitados para interrogar a jóvenes pueden interrogar a menores. Uno de los padres debe estar siempre presente y dicha sesiones no se pueden llevar a cabo desde las ocho de la tarde hasta las siete de la mañana en el caso de niños de entre 12 y 13 años ni desde las diez de la noche hasta las siete de la mañana si son jóvenes de entre 14 y 17 años. Desafortunadamente, la legislación militar no contempla ninguna disposición referente a estos asuntos y actúa con total impunidad.

La misma legislación permite al juez imponer una pena máxima de prisión de seis meses a los menores de 12 y 13, y hasta un año en los menores de 14 y 15, excepto por delitos cuya pena es mayor a cinco años de prisión. La pena máxima se determina en función de la edad del delincuente en el momento de la sentencia, pero la edad del delincuente en el momento de cometer el delito debe ser tenida en cuenta en la sentencia también.

No existe un lugar específico para ellos en donde cumplir su condena y pueden llegar a compartir celda con otros veinte prisioneros mayores de edad. Además de contar con una alimentación muy pobre durante su estancia entre rejas. Los niños entrevistados por B'tselem describen con las palabras asco y aburrimiento su vida en prisión. 

Tal y como sucede con el resto de presos palestinos, los menores tienen prohibido usar el teléfono, no tienen acceso a casi ningún tipo de educación y su único contacto con el exterior son las visitas familiares. Igual de escasas que en el caso de los prisioneros adultos.

Informe sobre mujeres prisioneras palestinas

Son madres, hermanas, hijas o esposas de la ocupación y aunque sean minoría en las cárceles israelíes están llenas de fuerza para decirle al mundo que son capaces de luchar por sus derechos y la libertad de su pueblo con la misma intensidad que sus padres, hermanos, hijos o esposos.

La primera duda del pacto entre Hamas-Netanyahu salió pronto a la luz. A pesar de que el  acuerdo contemplaba la liberación de todas las presas políticas, sin excepción, y  los medios se hacían eco de la noticia mientras encabezan titulares con género femenino la realidad es muy distinta. Nueve reclusas se quedaron fuera de la lista y todavía continúan en prisión semanas después de la liberación de la primera tanda de prisioneros.  

Cinco de ellas, Muna Qa’dan, Bushra al-Taweel, Haniya Naser, Fida Abu Sanina and Rania Abu Sabeh, detenidas entre junio y septiembre del presente año permanecían en el periodo de interrogatorio -Según la regulación militar israelí dicho periodo puede durar hasta 180 días sin haber presentado cargos en contra del acusado- durante la liberación de los 477 presos palestinos el pasado 18 de Octubre.

De las cuatro prisioneras restantes, Lina Jarbuni posee la sentencia más extensa. Fue arrestada en abril de 2002 y cumple diecisiete años de cárcel acusada de ayudar a una célula de Hamás en Jenin. Le sigue Wurud Qassem condenada a seis años por apoyar a la resistencia a través del transporte de material explosivo desde Cisjordania hasta Ra´nana. Y cierran la lista de prisioneras no liberadas  Khadija Habash y Suad an-Nazzal con condenas de tres y dos años respectivamente.

A pesar de que durante la Declaración de Viena sobre Crimen y Justicia en el año 2000 se aceptó por unanimidad que las mujeres prisioneras necesitaban especial atención por parte de las Naciones Unidas, entidades gubernamentales y profesionales de diversa índole; las prisioneras palestinas sufren en las cárceles israelís abusos, humillaciones y continuas violaciones de los derechos humanos.

Existen dos cárceles para mujeres en Israel: La prisión de Hasharon y la de Damon, ambas se transformaron en cárceles en 1953. La primera se encuentra en Tel Aviv y dispone las secciones 11 y 12 para las mujeres, el área 13 está reservada para las prisioneras aisladas. En junio de 2008 todas las reclusas de la zona 11 fueron trasladadas a Damon.  Damon es una antigua fábrica de tabaco junto con un establo situada al norte de Israel, cerca de las inmediaciones de Haifa. Debido a su uso inicial, las instalaciones fueron diseñadas específicamente para mantener la humedad y nunca para dar cabida a seres humanos. 

En ellas se comenten repetidas violaciones contra los derechos básicos de las prisioneras palestinas. Una de las más destacables y denunciadas en innumerables ocasiones por Addameer -organización palestina que defiende los derechos de los prisioneros- es la falta de atención médica. Sus informes trimestrales y las numerosas entrevistas realizadas con prisioneras destacan que en ninguna de las dos cárceles existe atención médica las veinticuatro horas del día. El doctor -que en ningún caso habla árabe- termina su turno a las cuatro de la tarde y sólo se queda la enfermera para recetar pastillas contra el dolor. Si las reclusas necesitan un especialista, necesitan un permiso oficial por parte del médico que sólo llega cuando la enfermedad ha alcanzado límites muy graves. Si esto sucede, las mujeres reciben el tratamiento en el hospital atadas de pies y manos por lo que muchas de ellas después de dicha experiencia declinan una posterior atención médica.

Las revisiones ginecológicas son escasas y en la mayoría de los casos nulas,  llevadas a cabo por un especialista varón, a pesar de que las visitas al ginecólogo y la elección del género del médico durante la estancia en prisión son un derecho y una norma en Israel. La situación se complica si las reclusas están embarazadas debido a que no reciben una atención especial y en su totalidad sufren de desnutrición, lo que acarrea graves problemas para el feto. Al igual que sucede con las prisioneras que necesitan atención hospitalaria, las reclusas palestinas que están a punto de dar a luz son llevadas al hospital encadenadas de pies y manos y una vez que finaliza el parto inmediatamente se las vuelve a encadenar violando así, una vez más, sus derechos.

Además de una atención médica deficitaria, las reclusas viven aisladas. Las visitas de sus familiares son el único enlace que las mantiene unidas al mundo exterior y en la mayoría de los casos dichos encuentros son contados o incluso eliminados totalmente. A pesar de que la ONU refleja dentro del apartado de Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Prisioneros en el artículo 17 que a los prisioneros se les ha de permitir, bajo supervisión, comunicarse con sus familiares y amigos más cercanos a través de correspondencia y visitas regulares.

Los familiares de las prisioneras palestinas no pueden visitarlas libremente, y necesitan un permiso específico por parte de la autoridad penitenciaria que casi nunca se consigue y es prácticamente imposible para hombres en edades comprendidas entre los dieciséis y cuarenta y cinco años. A su vez, cualquier palestino que haya sido arrestado por Israel tiene terminantemente prohibido visitar a algún familiar en la cárcel. Si tenemos en cuenta que desde 1967 se han arrestado a 700.000 palestinos la cifra nos muestra que al menos el treinta por ciento de la familia de una reclusa tiene prohibidas las visitas.  

Si el encuentro tiene lugar, todo sucede en un entorno traumático y violento para ambas partes. Las visitas también son tratadas como criminales. Se les grita, se les hace una inspección exhaustiva de sus pertenencias y se les obliga a esperar durante varias horas fuera de la prisión -sin contar el viaje que han realizado desde su lugar natal en el Territorio Ocupado Palestino hasta la cárcel que suele estimarse en unas catorce o diecisiete horas de trayecto-. El contacto físico solo está permitido entre madres e hijos menores de seis años. En el resto de los casos, los encuentros que no duran más de cuarenta y cinco minutos son a través de un cristal y un teléfono estropeado, por el cual ambos interlocutores han de gritarse para poder oírse.

La educación también es utilizada como un arma de castigo dentro de las prisiones. Según dicta la UNESCO, todos los prisioneros tienen derecho a formar parte de actividades culturales y a recibir una educación con el fin de desarrollar su intelecto. Las administraciones de ambas prisiones obvian dicho artículo y limitan el acceso en este ámbito. La educación universitaria es un privilegio y está sujeta a criterios tan variados como una buena conducta por parte de la reclusa, que ésta posea el dinero suficiente para pagar las tasas de la universidad, que la elección de la carrera y las asignaturas estén dentro de las enseñanzas permitidas por las autoridades penitenciarias israelíes-carreras como medicina, física o química están terminantemente prohibidas- y que el nivel de hebreo sea lo suficiente bueno debido ya que el único tipo de enseñanza universitaria permitido se realiza a través de la correspondencia en hebreo con la Universidad Abierta de Israel. Además, la penitenciaría se reserva el derecho a cancelar y revocar dicho derecho de estudio en cualquier momento basándose en razones de seguridad.

La prensa y la televisión están también controladas. Los televisores que hay en las prisiones han sido cedidos por alguna organización no gubernamental o por familiares de las prisioneras. A pesar de esto, los funcionarios de la prisión eligen la programación y el resultado se traduce en cadenas israelís en hebreo o ruso, a pesar de que existen cinco canales satélites en árabe. Lo mismo sucede con la prensa, se reparten diariamente dos diarios en hebreo, Maariv y Yediot Aharonot, y sólo una vez por semana las presas pueden leer la prensa árabe gracias al reparto de Al-Quds. 

La situación de las cárceles israelís es insostenible y el trato dado a las reclusas palestinas es inaceptable. La falta de atención sanitaria, educación y contacto con sus familiares no solo convierte a la penitenciaría en un lugar hostil donde no sólo se violan los derechos humanos constantemente durante la condena de las prisioneras, sino que también se dificulta enormemente la posibilidad de reinserción social de dichas mujeres.

El ejército israelí hiere a nueve niños durante una protesta pacífica en Hebrón

Durante los últimos siete años, las profesoras que imparten clase en la escuela Qurtuba de Hebrón han estado autorizadas para eludir el paso por los detectores de metales del Checkpoint 56, gracias a un acuerdo entre el ministerio de Educación palestino y el ejército israelí. Esto significaba que las maestras podían acceder a la escuela sin demasiados obstáculos y de forma puntual, garantizándose así el derecho de los niños a recibir una educación de calidad.

La escuela se alza sobre una colina en pleno centro de Hebrón, rodeada por los asentamientos de Hadassah Beit, Tel Rumeida y Admot Yishai, los cuales a su vez están constituidos por varios edificios y un puñado de viviendas de familias colonas. Frente a la puerta de entrada del colegio diversos graffitis enuncian lemas tan sutiles como “Gasea a los árabes”.


Sin motivo aparente, el día 11 de octubre el ejército israelí anunció que la permisión que consentía a las profesoras cruzar el Checkpoint sin controles era suspendida de forma inmediata y que, desde ese momento, éstas estaban obligadas a pasar por el detector de metales y presentar sus bolsos a inspección a diario, poniendo en riesgo la llegada en hora a su cita con los alumnos. “Antes usábamos una puerta diferente, que agilizaba bastante el proceso, pero ahora nos obligan a utilizar el detector. Todos nos negamos a hacerlo porque según nuestro acuerdo no podían forzarnos”, señala Ibtisam Al Jundi, directora del colegio.


Al mismo tiempo, la nueva orden del ejército anunciaba que, tanto mujeres embarazadas como personas con problemas cardiacos u otro tipo de complicaciones médicas, tendrían que pasar por los detectores de metales (algo de lo que antes estaban exentos) poniendo así en riesgo su salud de forma rutinaria.
Al Jundi ocupa el cargo de directora desde hace solo dos meses; un periodo corto que, sin embargo, ya le ha servido para apercibir las agresiones y provocaciones que tienen que sufrir los niños cada día para llegar a clase. “Los problemas son diarios. Cuando los colonos ven a los niños por la calle tratan de atacarlos. Les arrojan botellas, piedras… A veces incluso basura. Y lo peor es que estas cosas pasan delante del ejército, que protege los asentamientos”, explica la directora.

La ruptura de forma unilateral del acuerdo fue el detonante que desató una protesta en la que, las profesoras no solo se negaban a someterse a inspección diariamente, sino que además se decidían a manifestarse contra la nueva decisión del ejército, congregándose de esta forma en el lado palestino del Checkpoint. A las nueve de la mañana del mismo día en el que se conocieron estas novedades, los estudiantes de Qurtuba, todos ellos niños y niñas entre 6 y 13 años, se dirigieron hacia el puesto de control portando pancartas y coreando eslóganes que protestaban contra la privación de educación a la que se veían sometidos.


La sentada se mantuvo durante los siguientes días y evolucionó en unas clases improvisadas que las profesoras impartían a sus alumnos a las puertas del Checkpoint en forma de reivindicación pacífica. Las lecciones solo se veían interrumpidas cada cierto tiempo para corear algunas consignas como “Queremos nuestro derecho a la educación”, que decenas de niños cantaban hasta desgañitarse. En el cuarto día de las protestas, soldados del ejército israelí no vacilaron a la hora de disparar granadas de gas lacrimógeno y proyectar “The Scream” contra el grupo de jóvenes estudiantes y profesoras que se encontraban allí reunidos ante la mirada de Mohammed Abutherei, director de Educación de Hebrón, que acudía en representación de la oficina del gobierno, y decenas de periodistas y fotógrafos locales e internacionales. “¿Por qué hacen esto a nuestro estudiantes? Dios quiera que el ejército los vuelva a dejar pasar con normalidad”, se quejaba el director de Educación.


Badia Dwaik, director de la organización “Youth Against Settlements” (“Juventud contra los Asentamientos”) explicaba que la actuación del ejército fue “bárbara y violenta”, más teniendo en cuenta que se trataba de niños que no superaban los trece años de edad y que se manifestaban de forma totalmente pacífica.
“Nueve niños fueron mandados al hospital con heridas. Los soldados los empujaron contra muros de piedra, los pegaban patadas y los golpeaban con las culatas de los rifles. Todo ello para echarles del puesto de control”, narra Dwaik.


Durante los días que duró la protesta, Ibtisam explica que recibió amenazas por parte de Anat Cohen, la jefe de los asentamientos. “Me repitió en varias ocasiones que ocuparían la escuela si ésta seguía vacía. Todo porque los niños estaban con nosotros clamando por sus derechos y expresando su opinión”, continúa la directora.


A pesar de todas las protestas llevadas a cabo, el problema sigue sin resolverse. El Ejército israelí parece estar llevando a cabo una estrategia de desgaste que pasa por dificultar la vida diaria a alumnos y profesoras. Forzándolos de esta forma a quejarse, el ejército tiene la excusa perfecta para imponer medidas más restrictivas e incrementar la violencia contra ellos. Al Jundi explica que “al final tuvimos que cambiar la ruta que hacíamos para que los niños pudiesen seguir yendo a clase.” “Estamos esperando ahora al resultado de las negociaciones entre Israel y la Oficina de Coordinación del Distrito palestina”, apunta con tono desolado.
“Continuaremos con la resistencia”, añade fervientemente Dwaik. “No es normal que nuestro problema siga sin resolverse y simplemente se ignore”, apuntilla para finalizar.


Al Jundi, mucho más dulce y optimista concluye: “Espero que este problema se solucione en un futuro cercano y que nuestros niños puedan llegar hasta el colegio en paz y sin ser molestados.”