Las
cuarenta familias que viven en Mneizel, un pueblecito situado a
setenta kilómetros del sur de Hebrón, viven desde el pasado 11 de
octubre bajo una orden de demolición dictada por la administración
civil israelí. Una planta de energía solar, un edificio de baterías
adjunto y tres viviendas familiares forman el enclave amenazado con
ser destruido en los próximos días.
La
plataforma fotovoltaica junto con el edificio de baterías pertenecen
a un proyecto que desarrolló la Agencia de Cooperación Española en
2009 y al que se destinó cerca de 300.000 euros para su construcción
y desarrollo. El complejo junto con los tres hogares amenazados
están situados en zona C lo que significa que el territorio esta
bajo control militar y civil israelí. El conflicto surge debido a
que ninguno de las construcciones contaba con el permiso de Israel
para ser edificados y éste exige ahora su demolición.
El
Consulado de España en Jerusalén está al tanto de la situación e
informa de que casi la totalidad de los proyectos de
desarrollo se realizan en área C debido a que la población
palestina de esa zona carece de necesidades tan básicas como agua,
electricidad, sanidad o educación.
Carlos,
cooperante español
y responsable del proyecto en la actualidad que no ha querido publicar su nombre real, nos relata la situación
desde el principio: “En agosto de este año recibimos una orden de
detención de construcción de un complejo que ya llevaba año y
medio construido y funcionando. Lo siguiente que nos encontramos fue
un papel escrito parcialmente en árabe y el resto en hebreo que nos
informaba de la demolición del complejo en siete días”. Ignacio
añade también que nunca se les entregó oficialmente dicha
sentencia: “Los soldados nunca dan en mano la orden de demolición,
siempre la dejan debajo de una piedra que se la lleva el viento y así
los locales no pueden disponer de ese papel. Nosotros tuvimos suerte
porque encontramos el fallo entre arena, piedras y cubierto de
barro”.
El
18 de octubre era la fecha oficial para el derribo de los complejos
denunciados, pero la abogada de la organización de Rabinos por los
Derechos Humanos que lleva el caso consiguió aplazar la demolición
diez días más y poder reunir todos los documentos y alegaciones
necesarias para defender las estructuras ante la administración
israelí. Según ha podido averiguar Postales desde Ramala, las familias
palestinas tienen todos los títulos de propiedad pertinentes; el
llamado Qusam que tiene su origen en el Imperio Otomano y que fue
aceptado posteriormente también por los jordanos cuando colonizaron
la zona y ha sido validado por la Autoridad Palestina en la
actualidad.
El
proyecto financiado por la AECI ofrece suministro eléctrico a cerca
de 300 personas además de suministar electricidad a un colegio y
una clínica. Carlos se muestra firme: “La planta ofrece un
soporte esencial a toda la aldea. Las familias está emprendiendo
negocios, los niños pueden estudiar por la noche, por primera vez el
pueblo cuenta con una clínica en la que dos veces por semana se
pueden hacer análisis de ultrasonido entre muchos otros beneficios”.
Según
el estudio desarrollado por SEBA, organización no gubernamental que
ha dirigido el proyecto, la población de Mneizel ha mejorado gracias
a la plataforma fotovoltaica notablemente. A día de hoy, todas las
casas poseen luz, radio y lavadora. Casi el 90 por ciento de los
hogares tiene televisión y un 70 por ciento posee neveras donde
conservar mejor los alimentos. Además del soporte eléctrico básico,
el complejo ha mejorado los usos productivos de la aldea, como la
mecanización en la producción de lácteos que se hacían a mano
antes. también ha permitido que los niños puedan estudiar a partir
de las seis de la tarde -a esa hora ya no hay luz solar en la zona- y
por primera vez en la historia de Mneizel dos niñas han pasado a
secundaria y una ha accedido a la universidad.
Carlos es positivo con la resolución final y se respalda en procesos
anteriores “Existe un caso en el que se consiguió congelar el
proceso de demolición de un colegio situado en área C que ofrece
soporte a niños beduinos y está hecho con adobe, amparándose en el
Derecho Internacional Humanitario que recoge la prohibición al poder
ocupante de llevar a cabo cualquier tipo de destrucción de
propiedades que ofrezcan servicios básicos; siempre y cuando no
ponga en riesgo a la población ocupante”. Y añade: “ Un colegio
construido por adobe o una plantación fotovoltaica no pone, ni
pondrá, ni ha puesto nunca en riesgo a la población ocupante”.
El
próximo 27 de octubre es la fecha límite para entregar todas las
alegaciones pertinentes y a partir de ahí la administración civil
israelí tomará una decisión. Carlos es tajante ante la situación
actual: “Si no ganamos esta batalla sera una gran pérdida y
servirá de ejemplo a Israel para futuras demoliciones”.
Purificación Salgado & Raquel Rivas / Ramala
